Por otra parte, advierten que no está normatizado que el test se haga en forma masiva y mucho menos en forma privada, ya que la administración del estudio lo monopoliza el Estado nacional y, en segunda instancia, las provincias. De negarse, los ciudadanos deberán afrontar una multa impuesta por la comuna de 40 mil módulos, lo que se traduce en una multa cercana a los 240.000 pesos.

"El municipio te cobra y le paga al laboratorio privado", explicó el ex diputado provincial Víctor Hugo Álvarez, al tiempo que denunció que es compulsivo, ya que la negativa deviene en una importante multa. "Es un negocio para unos pocos", advirtió el dirigente y contó que "hay padres que me están llamando que traen a sus hijos y no tiene los 14.000 pesos que vale un estudio".

Según establece la norma, si un vecino no cuenta con el dinero para realizarse el testeo en el momento, el municipio se hará cargo del gasto para luego ejecutar la deuda a nombre de quien debió hacerse el estudio. La firma involucrada en la "triangulación" orquestada por el Gobierno local es Laboratorio Torga Buik.

Desde la provincia no avalan la medida adoptada por el intendente Carambia y consideran que no va en línea con las disposiciones del Gobierno que comanda Alicia Kirchner, por lo que no se descarta una intervención que evite la concreción de la mencionada norma.