Las provincias pidieron, además, incentivo de las zonas francas. Santa Cruz tiene dos.

“Es preciso lograr una participación activa de todos los legisladores nacionales en un modelo de consenso para lograr definitivamente que el Presupuesto 2023 no sea fruto de disputas parciales, sino de un consenso institucional en donde las diferencias particulares no impidan al Poder Ejecutivo contar con una herramienta indispensable para el ejercicio de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos y argentinas”, enfatizaron.

En este punto, la cuestión del “consenso” todavía no está garantizada pese a las incesantes reuniones que la bancada oficialista lleva adelante y a contrarreloj, después de la media sanción.

Si bien el bloque del Frente de Todos buscará sancionar esta iniciativa, que es una herramienta central y estratégica para el Gobierno, en una sesión que se celebrará el próximo 26 de octubre con un “amplio consenso”, tienen 117 votos y necesita sumar al menos una docena de sufragios más.

Respecto al pedido de las provincias, en efecto, el proyecto tiene como dato distintivo que más del 65 por ciento de los fondos se destinará a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.

El proyecto de gastos y recursos para 2023 además prevé un aumento del consumo privado estimado en un 2,2 por ciento y la inversión en un 2,9 por ciento, en tanto que en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.

La Liga de Gobernadores y Gobernadoras le había dado un mandato al ministro Manzur

En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental 1,6 billones de pesos; a servicios de Defensa y Seguridad 1,2 billones; a gastos sociales, 18 billones; a servicios económicos 4,5 billones; y a deuda pública $ 2,9 billones, lo que implica casi 29 billones de pesos.

El Presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1 por ciento contra importaciones que se incrementarían el año próximo un 2 por ciento, y de esta manera el superávit comercial pasaría de 7.700 millones de dólares este año a 12.300 millones en 2023.

Otro de los pedidos de los gobernadores fue el desarrollo de una estrategia “para las zonas francas”, algo que Santa Cruz tiene en dos puntos, Río Gallegos y Caleta Olivia, aunque esta última es industrial y todavía no fue inaugurada.

Por otra parte, insistieron en el establecimiento de un sistema de “financiamiento explícito” para las cajas o sistemas previsionales no transferidos por las provincias a la Nación, determinando una garantía anual en el Presupuesto.

Lo cierto es que ahora la decisión está en manos de la Cámara de Senadores y aunque todavía faltan más de dos semanas para el debate, el resultado del Presupuesto de este año fue trabado por parte de la oposición