En este sentido, las facultades delegadas le permiten al Gobierno de Javier Milei sortear al Congreso sobre cuestiones económicas. “Ellos dicen que demanda demasiado costo del Estado, pero es mentira”, aseguraron a NOVA los trabajadores.

Por otro lado, contaron que en YCRT “no hay despidos, al día de la fecha, de manera indiscriminada ni sin causa”, aunque aclararon: “Si hay un proceso vinculado a retiros voluntarios con vigencias. Hubo muy pocos porque no hubo aceptación por parte de los trabajadores”.

“Sabemos que el interventor renunció y hay diferentes nombres dando vueltas. Algo que implementaron es una política de control respecto al consumo problemática que tiene como objetivo achicar la empresa por vía de una situación de salud mental”, sostuvieron.

A su vez, según personal de YCRT, hay más de 40 mil toneladas de carbón acopiados en punta Loyola, que es el puerto de la ciudad de Río Gallegos, sin ofertas fehacientes de compradores de ese carbón. “Lo último que sabemos es lo que tomó estado público, que hubo un proceso de sobornos para ciertos intermediarios. Dicen que habría tres compradores interesados, pero son todos trascendidos”, dijeron.

Por otro lado, según admitió un funcionario de uno de los municipios cercanos a la empresa, “lo que se necesita es asegurar la continuidad de la unidad económica productiva en su conjunto, es decir la mina, el ferrocarril, la usina y el puerto, y también hacer las inversiones que se requieren en la planta depuradora que es la que trabaja el carbón y lo dejo en condiciones para poder ser exportado y, obviamente, todo lo que implique poner a punto la infraestructura de la Usina para poder producir energía”.

“Los estudios impacto ambientales están hechos pero lo que se frenó es el contrato con empresas para poder vender nosotros nuestra energía. Con lo que se produce en la usina de Río Turbio podríamos abastecer al conjunto de la provincia”, agregó esta fuente a NOVA.