Grave crisis en la Justicia provincial tras el escándalo de Río Turbio: corrupción y un pedido de cambio urgente
La situación en el sistema judicial de la provincia está en el centro de la polémica tras el escándalo por el robo de armas del depósito judicial del juzgado provincial número uno de Río Turbio, un hecho que ocurrió hace doce días y que sigue sin respuestas ni asunción de responsabilidades por parte del Tribunal Superior de Justicia. La gravedad del caso no solo resalta la ineficiencia del sistema, sino que pone en evidencia un problema estructural que afecta a toda la provincia.
La percepción generalizada en la cuenca carbonífera es alarmante: la justicia es vista como inoperante, influenciada por favoritismos y marcada por el nepotismo. Según cuenta Santa Cruz Urgente, hay denuncias por los vínculos personales y políticos que parecen ser determinantes para la resolución de causas, dejando de lado la imparcialidad que debería primar en todo proceso judicial.
El artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales, parece quedar en el papel frente a un sistema judicial que, lejos de ser transparente y equitativo, evidencia prácticas contrarias a estos principios fundamentales.
El gremio de judiciales de la provincia ha elevado un fuerte pedido al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Mauricio Mariani, para que se inicie un proceso de jury contra la jueza Betina Bustos, a cargo del Juzgado Provincial número uno de Río Turbio.
Entre las razones expuestas, se destacan la falta de ética de la magistrada y su intervención en una causa de alto perfil que la involucra directamente, relacionada con la venta clandestina de armas robadas del depósito judicial bajo su responsabilidad, relata Santa Cruz Urgente.
Además, el gremio recuerda que en 2017 ya se había planteado un amparo con pruebas suficientes para impulsar un jury contra la jueza, lo que demuestra una continuidad de irregularidades en su accionar. Ante esta nueva controversia, se exige su apartamiento inmediato y la instrucción de un sumario para investigar su responsabilidad.
Un aspecto clave que agrava la crisis judicial en Santa Cruz es el mecanismo de designación de jueces. El gobernador tiene injerencia directa en el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien a su vez designa a los magistrados en las distintas localidades. Este sistema, según denuncias, está influenciado por favores políticos y compromisos personales, lo que socava la independencia del poder judicial y perpetúa un clima de impunidad.
La falta de transparencia y el incumplimiento de responsabilidades no son solo un problema institucional; tienen consecuencias directas en la comunidad. En un caso que conmocionó a la región, una joven en la Cuenca Austral decidió quitarse la vida, un desenlace que muchos atribuyen al mal accionar de una justicia que no brinda respuestas ni protección a quienes más lo necesitan.
La ciudadanía y las organizaciones gremiales reclaman un cambio urgente en la cúpula judicial. Sin embargo, los avances en esta dirección parecen improbables debido a la red de intereses que protege a los responsables. Como señala un comunicado del gremio de judiciales, la situación representa una “gravedad institucional” que exige medidas inmediatas y efectivas.
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