Las declaraciones generan tensión institucional, ya que ponen en entredicho la división de poderes consagrada en la Constitución provincial. Leguizamón incluso admitió que, si bien el Legislativo no tiene facultades directas para intervenir el Poder Judicial, se trataría de una “herramienta” a considerar en función de las pruebas reunidas.

En su diagnóstico, la Justicia santacruceña ocupa el “último lugar” en cuanto a credibilidad, y está “rodeada de actos de corrupción”. “De todas las denuncias contra exfuncionarios que se llevaron todo, no hay un solo preso. Esa es la prueba más clara: los bolseros siguen caminando por la calle”, sentenció.

El vicegobernador también apuntó contra el bloque de Unión por la Patria, a quien acusó de bloquear los juicios políticos necesarios para depurar el sistema. “Necesitamos dos tercios para avanzar, pero hoy ese espacio protege a los jueces que cuidan a los responsables del saqueo. Por eso, hay que buscar otras herramientas”, insistió, dejando abierta la puerta a una medida de alta carga institucional.

Las afirmaciones de Leguizamón no solo generan revuelo en el ámbito político, sino que plantean un delicado escenario para la Justicia santacruceña, en medio de una creciente disputa de poder entre el oficialismo provincial y sectores opositores al histórico control del kirchnerismo.