Las ternas que Vidal envió para ocupar los nuevos cargos se componen mayoritariamente de personas que han estado vinculadas con él política o sindicalmente; abogados leales, socios con intereses empresariales, operadores de empresas amigas, todos ellos con redes que apuntan a consolidar un poder judicial domesticado.

En lugar de valorar trayectoria, idoneidad académica o independencia ética, se eligieron nombres que despiertan sospechas de que el criterio real fue la cercanía y la gratitud.

Entre los propuestos se hallan figuras como Sergio Acevedo, Norberto Castelo, Víctor Martensen, y Hugo Rodríguez, quien además aparece ligado a contratos millonarios relativos a remediación ambiental, al sindicato de petroleros, y al adjudicarse terrenos de influencia gracias a favores políticos.

También llama la atención cómo empleados de empresas beneficiadas por el gobierno acceden a cargos de control y certificación sobre las mismas empresas, lo que genera un potencial conflicto de interés difícil de ignorar.

La esencia del cuestionamiento apunta al poder casi absoluto que ha conseguido Vidal en la Legislatura: con compra de voluntades políticas, mayoría legislativa asegurada, aprobación exprés de leyes sin debate serio, todo ello configura un escenario donde la Cámara se transforma en herramienta del Ejecutivo, más que en contrapeso.

Las comisiones parlamentarias pasan a ser meros trámites; las decisiones ya vienen tomadas, y los nombramientos avanzan al STJ sin examen profundo.